El pasado viernes, 16 de enero, se derrumbaba en Cádiz una antigua Academia de Artillería, ocasionando la muerte a un joven de 15 años, y heridas de distinta consideración a otros dos, de 14 y 16. Transcribo textualmente la apreciación que El País, en su edición de Andalucía, publicaba el pasado domingo: 'El gobierno local justificó ayer que no agilizara el derribo de estas instalaciones porque los técnicos municipales no apreciaron en sus inspecciones que existiera peligro de derrumbe'. Evidentemente, al margen del uso o no uso que en un momento dado se le de a un edificio; al margen de que su no uso, nos haga pensar que, dada la edad de dicho edificio, sea lógico no seguir utilizándolo, lo cierto y verdad es que unos técnicos municipales dictaminaron que ese edificio no se caería: desgraciadamente se cayó ocasionando una víctima mortal.
No, no me gusta regodearme con el sufrimiento ajeno, pero uno que lleva un año, desde que el pleno del Ayuntamiento de Cehegín debatiese el mal estado del Colegio Público Pérez Villanueva; ratificado este otoño, por el propio Ayuntamiento, con una moción urgente para reparar un pilar, y como consecuencia de todo ello haber observado con detenimiento todo el edificio comprobando que el número y tamaño de las grietas alarmaría a cualquier persona que tuviese a bien visitar el centro; a lo que hemos de adicionar el posicionamiento del conjunto de padres, que a través de 4 asambleas, en un muy corto período, logró la promesa, por parte de la Administración, de que el pasado día 8 comenzaría un equipo técnico a realizar un estudio que confirmase o descartase el peligro real del edificio, teniendo en cuenta que la Administración Educativa siempre dijo que no existe peligro de que se caiga, es decir, como en el triste caso relatado; tras todo eso, parece lógico encontrar un funesto paralelismo. Evidentemente la diferencia es abismal, en el edificio de Cádiz, a pesar de todo, nunca debió de haber nadie dentro, aquí seguimos llevando a nuestros hijos sin que ni tan siquiera a día de hoy, 20 de enero, hayan dado comienzo los estudios que se nos prometieron. Recuerdo que nuestros hijos volvieron el día 8 a clase basándonos en que ese mismo día comenzarían los estudios, según la promesa que las autoridades locales hicieron ante la asamblea de padres.
A pesar de todo, moralmente, uno cree no tener dudas: si una desgracia ocurriese, el único culpable moral sería yo por haber seguido llevando a mis hijos sin la certeza de que no hay peligro.